Incorporación actual de la salud mental en la política del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Paz Castillo, Betty Elena (2012) Incorporación actual de la salud mental en la política del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Other thesis, Universidad de San Carlos de Guatemala.

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Abstract

Analiza la incorporación de la salud mental en la Política de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La investigación se realizó en instituciones públicas y de sociedad civil integrantes de la Red Nacional de Mental, como: Médicos Descalzos, la Asociación Utz Kaslemal “Buena Vida” ubicados en el departamento del Quiché y la Asociación Para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad –CEIBA- en Chimaltenango. El resto de entidades se localizaron en la ciudad capital. La muestra estuvo representada por 10 profesionales que hubiesen participado en el proceso de elaboración de la política de salud mental en el año 2006 y que estuvieran laborando en el campo de la salud mental y que tuvieran interés en colaborar con la investigación. Para recolectar datos se utilizó la técnica de entrevista abierta. Se evalúo el contenido de la política, bajo cuatro criterios: coherencia, pertinencia, viabilidad y sostenibilidad. Sobre la base de un modelo de evaluación de política pública de promoción de la mujer, se implementó en Guatemala por la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM- en el año 2007. Los instrumentos que se utilizaron fueron: cuestionario a informantes clave y lista de chequeo para evaluar las Políticas Públicas. Analiza e interpreta resultados y concluye que, el Estado está obligado a garantizar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales; situándose entre los derechos sociales el derecho a la salud física y mental. Se considera que esta obligación no garantiza la salud. Que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del Programa de Salud Mental, debe promover la elaboración de la Política Nacional de Salud Mental 2007- 2015, con respaldo jurídico y con base presupuestaria para su implementación.

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